Seis leyes de “mano dura”
Este inicio de semana comenzamos con la presidenta Laura Fernández entregando -junto con su equipo de “Fuerza Élite”- un paquete de seis proyectos de ley contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“Les toca a ustedes diputados tomar las decisiones que nuestros cuerpos policiales y las familias de las víctimas están esperando”
Este es el paquete que fue prometido desde que la presidenta quedó electa con unos asesores que estaban trabajando en proyectos y una vez como presidenta, con las reuniones de todos los lunes.
1. Ley Gerson Rosales: Esta lleva el nombre del oficial de la Fuerza Pública asesinado el mes pasado en cumplimiento del deber, y busca endurecer las penas contra quien "ataque u obstaculice" a un oficial.
Además, presume que cuando un policía usa su arma lo hace en legítima defensa, metiendo por ahí también a terceros y familiares.
Además, castiga la resistencia al arresto y le niega la libertad condicional a quien cometa un delito contra un oficial en funciones.
2. Ley para combatir las asociaciones criminales: reforma el viejo delito de "asociación ilícita" del Código Penal y mantiene de 1 a 6 años de cárcel para las personas que forman parte.
Pero además, sube de 6 a 10 años cuando la banda va por secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas o de órganos, o cuando recluta gente; y hasta 8 a 20 años en los casos más graves, que son terrorismo y narcotráfico, y también para quien organice, dirija o coordine el grupo.
3. Ley Mano Firme contra la reincidencia: obligaría a dejar en prisión preventiva (encerrado mientras lo juzgan) a las personas que sean reincidentes, e impediría que un juez las deje libres por tener familia o trabajo, en cuatro situaciones:
- Si ya tiene condenas previas,
- si incumple medidas cautelares,
- si es delincuente habitual o,
- si tiene dos o más causas abiertas.
4. Ley Cero Ocio en las cárceles: hoy el Código Penal permite que una persona privada de libertad rebaje 1 día de condena por cada 2 días trabajados, una vez que haya cumplido la mitad de su pena.
La reforma ordena cómo se reparte la plata que se gana trabajando en la cárcel: 35% para mantenerse dentro del sistema, 35% para reparar a las víctimas, 20% de apoyo familiar y 10% de ahorro. La justificación del gobierno es que quien está preso ayude a pagar lo que cuesta tenerlo ahí y, de paso, le de algo de vuelta a la víctima.
5. Ley contra pistas de aterrizaje clandestinas: Fernández dijo que hay unas 200 pistas clandestinas en el país, entonces la reforma:
- sube la pena de 5 a 10 años para dueños y administradores de esas pistas,
- permite decomisar de forma definitiva la maquinaria, los vehículos y las aeronaves (que pasarían al Instituto Costarricense sobre Drogas),
- y deja que el Registro de la Propiedad “congele” el terreno para que el dueño no lo pueda vender, alquilar ni traspasar.
6. Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales: Esta toca el llamado “derecho al olvido”. Desde el 2016, los antecedentes penales se borran después de un tiempo para no estigmatizar a quien ya pagó su condena y pueda rehacer su vida.
Para conseguir trabajo, el antecedente se guardaría 15 años después de cumplida la condena, pero para la policía, las investigaciones, los beneficios carcelarios o para fijar nuevas penas, esos registros no se borrarían nunca.
Por ahora, los seis proyectos apenas entran a la corriente legislativa y todavía falta que se les asigne comisión y arranque todo.
La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz dijo que el país necesita leyes que protejan a las víctimas y no a los delincuentes.
“Durante años se aprobaron leyes que terminaron beneficiando más a los delincuentes que a las víctimas.
Eso tiene que cambiar. Costa Rica necesita herramientas más fuertes para combatir el crimen, proteger a las familias y devolverle la tranquilidad a la gente honrada”
