¿Los numeritos no son confiables?
La Contraloría General de la República -ya saben, la mejor amiga de Rodrigo Chaves y el Gobierno en general- le puso una "opinión adversa" a los estados financieros del Gobierno correspondientes a 2025.
Básicamente, en términos contables es la peor calificación que podría tener un estado financiero porque entonces, según la contraloría: los números presentados no reflejan de manera confiable cuánto tiene el Gobierno, cuánto debe ni cuál es su situación financiera real.
La Contraloría detalló varias fallas, vamos a verlas de la manera más sencilla que podamos:
Una es de base: de las cuatro instituciones principales que deben integrarse en el reporte, solo el Poder Judicial y el CONAVI declararon formalmente que cumplen las normas contables internacionales.
Una de las mates más grandes que no da es con la CCSS: existe una diferencia de ₡3,2 billones que no se logra conciliar entre lo que la Caja dice que le deben y lo que el Gobierno tiene anotado.
La Caja reportó por cobrar al Estado ₡4,6 billones, mientras el Poder Ejecutivo anotó pasivos por solo ₡186.147 millones y FODESAF por ₡1,2 billones, esto sumado a que la caja no tenía sus estados financieros al cierre de 2025 por el cambio que están haciendo a nuevo sistema, entonces realmente no se sabe el tamaño real de la deuda.
Otra observación que tienen en los informes de la Contraloría es sobre obras públicas mal clasificadas: el Estado tiene como "inventarios" ₡95.425 millones que en realidad corresponden a "bienes en uso" o concesión, como la Ruta 27, los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, la Terminal de Contenedores de Moín y la Ruta 1.
A esto se suma que al menos 3.518 propiedades vinculadas a centros educativos (terrenos y edificaciones) no están registradas en los sistemas del Estado ni inscritas a nombre del MEP, sino a nombre de Juntas de Educación o de terceros.
Sobre la situación fiscal del primer semestre de 2026, la Contraloría reportó un estancamiento en la plata que se recauda, los ingresos corrientes crecieron apenas 0,01% respecto al año anterior, y cuatro de los seis principales impuestos del país recaudaron menos.
Por eso, Hacienda pidió reducir en ₡373.391 millones los ingresos que esperaba recibir por IVA, Renta y Consumo.
El gasto social bajó:
- Las transferencias a la CCSS bajaron ₡82.823 millones (22,8%), concentradas en pensiones del sector privado.
- En educación, aunque se crearon plazas, las transferencias a las Juntas de Educación se redujeron un 4,1%, lo que afectó el presupuesto de comedores escolares (caída de 14,4%) y transporte estudiantil (caída de 5,5%).
- Hacienda mantuvo bloqueados ₡17.422 millones destinados por ley a comedores, al programa Avancemos y a la Red de Cuido.
La deuda del Gobierno Central llegó al 61,1% del PIB, por encima del "límite natural" de 60% que fija la propia Contraloría. Parte de ese es por una acumulación de saldos de caja (dinero que me dejo guardado) el Gobierno mantuvo ₡2,7 billones líquidos, muy por encima de la reserva de 1% del PIB que ellos mismos habían puesto.
Mantener esos recursos parados cuesta más de ₡100.000 millones al año en intereses. Según la Contraloría, si esa liquidez se hubiera limitado al 1% del PIB, la deuda se habría mantenido por debajo del 60%.
Según la Contraloría General de la República, cuando las cuentas del Gobierno no muestran con claridad cómo están las finanzas públicas es un tema serio, porque esos números sirven para tomar decisiones que nos afectan a todos.
Y ahorita la Contaloría dice que la información presentada por el Gobierno no permite ver con claridad la situación financiera del Estado.
Además, la Contraloría advierte que se encienden otras alertas: prevé una menor recaudación de impuestos, más endeudamiento y una reducción en el gasto social.
Dicen que esto importa porque para preparar el presupuesto del próximo año y decidir cómo usar los recursos públicos se necesita información confiable, y si las cuentas no son claras, es más difícil tomar buenas decisiones para todas las personas.
