Primero, yo Karol, quiero hacer una pequeña intervención acá para presentarles a nuestra nueva adición al equipo - alguien que van a estar viendo y leyendo mucho alrededor de las elecciones.
Así que espero que les guste mucho y que lo reciban de súper buena manera con todo el contenido que les está cocinando en este momento.
La democracia costarricense atraviesa un escenario complejo, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación. De este modo, el informe sobre el Fortalecimiento de la Democracia señala que, en lugar de enfocarse en resolver los problemas del país, muchos actores políticos dedican más tiempo a la confrontación constante que a la búsqueda de soluciones concretas.
Por lo tanto, el sistema de pesos y contrapesos, que debería equilibrar el poder, termina bloqueando decisiones y debilitando la capacidad del Estado para resolver problemas.
Esto resulta, además, en respuestas superficiales y populistas a problemas profundos, por ejemplo frente a la inseguridad, donde las propuestas políticas se centran en medidas rápidas y milagrosas como más policías o más cárceles, sin atacar las causas estructurales detrás de estos desafíos.
Un enfoque que abre la puerta a liderazgos autoritarios, como el “Bukelismo” en El Salvador, y el cual nos lleva a entender por qué hoy se habla de una crisis del Estado Social de Derecho y de la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en el país.
Pero…
¿Qué es un Estado Social de Derecho?
En el contexto costarricense, hablar de Estado de Derecho y Estado social es hablar de dos pilares fundamentales de nuestro sistema que, idealmente, deben funcionar juntos.
El Estado de Derecho es una organización política en la que el poder público está sujeto a la ley y actúa respetando los derechos fundamentales, como la libertad, la propiedad y el acceso a la justicia, asegura que nadie, ni siquiera el gobierno, esté por encima de la ley y que existan mecanismos para controlar el poder.
Por su parte, el Estado social o solidario, está en la Constitución, implica que el Estado no solo debe garantizar las libertades individuales, sino también promover el bienestar general, la justicia social y una distribución más justa de las oportunidades y los recursos para la población.
En otras palabras, no basta con que haya libertades si buena parte de la población no tiene condiciones para ejercerlas.
Aunque estas dos funciones del Estado pueden parecer contradictorias (más mano del Estado versus más libertad individual), en esencia buscan un mismo fin: la realización plena de las personas.
Esto coincide con reflexiones más amplias sobre la democracia como un derecho humano fundamental, que va más allá de solo elecciones y abarca proteger libertades, respetar las instituciones y garantizar la participación efectiva en la vida pública.
A su vez, diversos análisis desde el derecho internacional coinciden en que la democracia y los derechos humanos van de la mano, pues una democracia sustantiva sólo existe cuando el Estado de Derecho es respetado y se garantizan las libertades civiles y políticas de toda la ciudadanía.
Los retos…
En Costa Rica, sin embargo, ambos pilares enfrentan tensiones. Por un lado, la lentitud de la justicia y la saturación de los tribunales han debilitado el derecho a una justicia pronta y cumplida.
Por otro lado, problemas sociales como el rezago educativo, la brecha digital y la creciente informalidad laboral limitan la capacidad del Estado para cumplir con su función social de promover bienestar y equidad.
Así, todo ello plantea un desafío importante: fortalecer tanto la protección de los derechos fundamentales como las políticas públicas que permitan una participación real y significativa de la ciudadanía en la vida democrática.
La defensa de la democracia no es solo mantener elecciones cada cuatro años, sino también garantizar que esas elecciones y la vida pública se desarrollen en un marco donde se respeten los derechos humanos, exista transparencia, se rindan cuentas y se promueva la justicia para todas las personas :)
