¡Caso UPAD!
El OIJ y el Ministerio Público están revisando manualmente el celular y otros dispositivos del expresidente Carlos Alvarado en el contexto del caso UPAD.
Hagamos un pequeño viaje al pasado y recordemos que en octubre de 2019, Alvarado como presidente creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). La idea, según él, era usar datos para hacer mejor política pública, o sea, entender mejor qué necesitaba la gente.
El problema fue que ese decreto le daba a la unidad acceso a información confidencial que manejan las instituciones públicas. O sea, datos privados de costarricenses, sin que nadie lo supiera.
La UPAD funcionó durante casi año y medio, pero cuando salió a la luz, la reacción fue inmediata y el decreto fue derogado pocos días después de que salió todo, en febrero de 2020, y ese mismo mes, el OIJ allanó Casa Presidencial -histórico-.
Después, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el decreto que siquiera inició la UPAD porque vulneraba el derecho a la autodeterminación informativa, o sea, que yo pueda decidir qué sabe la gente de mí y que no.
Por esto, la Fiscalía lo investiga por violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, de hecho, se le hubiese pedido el levantamiento de la inmunidad (tal y como pasó con Chaves), sin embargo, no dio tiempo antes del 8 de mayo del 2022 cuando ya de por sí se volvió un ciudadano más.
Junto con el expresidente también están siendo investigados el exministro de la presidencia Víctor Morales, la exjefa de despacho Salas, el exasesor legal Salazar, el exdirector de la unidad Fernández, y dos subalternos más.
Y ahora -volviendo al presente- 6 años más tarde y después de mucho va y ven de qué se podía revisar y qué no, comienza el análisis del montón de dispositivos que se decomisaron en el 2020, entre estos que podrían revisar están: 14 celulares, 15 computadoras portátiles, tres CPU, dos tabletas, dos relojes inteligentes, una cámara de video, dos discos duros externos y 35 memorias USB.
En este momento están revisando los archivos que no son reconocidos por el software forense como videos, fotos, audios, etc.
Desde el principio Carlos Alvarado ha dicho lo mismo: que no hubo espionaje y que la única finalidad era desarrollar política pública basada en evidencia, como lo hacen gobiernos de Reino Unido, Portugal o San Francisco.
Sus abogados dicen que está dispuesto a colaborar y que cuando llegue el momento de defenderse, quedará claro que no cometió ningún delito.
Nadie sabe, ya veremos en qué termina todo esto, lo que sí definitivamente sabemos es que este caso no va a resolverse pronto si después de seis años acaban de empezar a revisar los teléfonos.
