Para comenzar, a lo largo de todo Colombia, miles de ciudadanos, agricultores, sindicatos y demás, salieron a tomar las calles en la primera protesta masiva contra el presidente Abelardo de la Espriella, que no lleva ni dos meses en el poder.
¿Por qué se están manifestando? Por absolutamente todo.
Van desde contra los recortes a los programas del gobierno y el presupuesto de 2027, contra la privatización de entidades financieras, cadenas de suministro y más; para exigir mejoras en el sistema educativo, para defender los fondos de prestaciones, contra la alineación que han tomado a favor de Estados Unidos y la posibilidad de poner bases militares.
Crédito: Sebastian Barros
Y, más importante aún, porque en vísperas de todas estas movilizaciones, De la Espriella firmó un decreto que limita las manifestaciones, y que entró a regir de inmediato.
Ahora, ¿qué dice el decreto? Básicamente, viene a modificar las reglas para que la policía pueda intervenir.
Todas las manifestaciones, no importa el tipo, tienen que ir acompañadas de la policía, que se va a mantener a mínimo cuatro metros de los manifestantes para garantizar que sean pacíficos.
Se va a identificar primero a los manifestantes que promuevan violencia o vandalismo, para actuar contra ellos y no contra la manifestación entera.
El diálogo es obligatorio, pero no es un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones individuales contra quienes cometen actos de violencia.
En palabras sencillas, ahora el diálogo es más como una sugerencia y la policía puede actuar sin necesidad de haber agotado el diálogo.
En todas las protestas se van a desplegar equipos de diálogo y con un canal de comunicación abierto, para que el diálogo pueda retomarse después del uso de la fuerza.
La policía puede usar la fuerza si encuentran armas de fuego, objetos punzocortantes, explosivos o artefactos incendiarios, así como si se daña la infraestructura pública o privada.
Queda totalmente prohibido el bloqueo de calles y taparse la cara, y van a considerarse como actos violentos, que van a responderse usando la fuerza.
Según dice De la Espriella, las personas van a mantener su derecho a manifestarse, pero solo de manera pacífica y que no se va a tolerar el uso de la violencia, el vandalismo y los bloqueos.
Crédito: Santiago Saldarriaga/AP
Evidentemente, hay personas que no piensan igual que él y ya se han presentado tres objeciones:
La Defensoría dice que el decreto califica de violentos hechos que no lo son, como bloquear vías o interrumpir el tránsito.
Que el decreto reduce la fase de diálogo y mediación a su mínima expresión.
Que el derecho de reunión y manifestación está en la Constitución y que no es un acto del Ejecutivo, que pueda cambiar por decreto.
Y hay una cuarta que dice que se publicó sin divulgación previa y entró a regir el día mismo de las marchas, sin antes haber convocado la Mesa Nacional de Garantías, que es donde se discuten este tipo de temas.
En este momento las protestas continúan.
Hay movilizaciones en 62 puntos de 31 departamentos, siendo Bogotá la más grande, y según cifras aún no verificadas, al menos 62 mil personas se han movilizado por todo el país y se ha detenido a seis personas, aunque no se ha querido revelar bajo qué delito.
Además, la organización Temblores, que documenta violencia policial en Colombia, denunció que el gobierno ubicó hombres armados con fusiles en los techos desde donde se vigilaba la movilización.
Y se han presentado tres demandas ante el Consejo de Estado para revocar el decreto, pero veremos qué sale de eso.
No tan infallible
Y ya que hablamos de totalitarios, digo de mano dura… resulta que el método Bukele no es tan infalible como todo el mundo quiere pensar.
Y más bien el mismo Bukele salió a anunciar que está considerando liberar a la mitad de los presos que han colaborado con las pandillas bajo ciertas condiciones, incluyendo que van a estar bajo monitoreo
O sea que sí, siguen siendo “culpables”, pero que ya no van a estar en prisión
Crédito: AP
Ahora, y esto quiero dejarlo muy claro, no dijo a partir de cuándo, ni quiénes, ni cuántos o cuáles van a ser los criterios, y más importante aún, no dijo por qué.
Lo máximo a lo que se refirió es a que no es lo mismo pertenecer a la estructura criminal y haber colaborado con ella estando bajo su control territorial.
De hecho, usó un ejemplo: no es lo mismo el que entierra el cadáver que el que avisa a los pandilleros cuando viene la policía.
Bajo su criterio ambos son culpables, nada más que uno es más culpable que el otro; entonces van a analizar caso por caso.
Imagino yo que también tiene que ver con el hecho de que todas las cárceles, incluyendo su amado CECOT, están hacinadas, o los miles de informes y acusaciones de tortura y crímenes de lesa humanidad.
¿Tendrá que ver con los miles de extranjeros que Estados Unidos les ha estado enviando? Oooo, no sé, ¿será que no los pueden mantener presos porque nunca hicieron el debido proceso o porque encarcelaron a cualquier persona con tatuaje o a cualquier opositor y son inocentes?
Razones sobran, creo yo…
Rapiditas
Para cerrar, rapiditas.
Primero, Ucrania anunció que van a retomar los ataques contra instalaciones petroleras rusas, alegando que Rusia rompió la tregua primero y que Estados Unidos los traicionó.
Segundo, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York y aseguraron que las acusaciones de tortura en su contra son falsas.
Tercero, en Brasil, se aprobó una reforma a la Constitución para reducir la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales y eliminar el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.
La ley podría beneficiar a más de 30 millones de trabajadores, especialmente en sectores como el comercio, los restaurantes y la hotelería.
Cuarto, Israel está impidiendo la construcción de la primera base militar en Gaza, que serviría para alojar a tropas internacionales vinculadas a la Junta de Paz impulsada por Donald Trump.
Quinto, Donald Trump anunció que ya no van a transmitir en vivo la ejecución de Nidal Malik Hasan, el expiquiatra militar condenado por asesinar a 13 personas en Fort Hood en 2009.
Según dijo, aunque cree que la transmisión pudo haber tenido un efecto disuasorio, va a respetar la opinión de quienes se oponen a transmitirla en vivo.
Sexto y último, en Senegal, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la persecución contra personas LGBTQ+ ha venido en aumento, con al menos 320 personas detenidas.
