¿Se van o los voy?
Justo ayer hablamos de la visita del Fiscal General, Carlo Díaz y la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank al Cacco en parte por visita de rutina, pero también por presuntas agresiones, maltratos y problemas en las condiciones de las personas reclusas.
Bueno, hoy tenemos la respuesta por parte de la Asamblea Legislativa después de que aprobaran dos mociones para pedir la renuncia o destitución de justamente estas dos personas.
Eso sí, importante decir que se aprobaron con mayoría, sí. 29 votos a favor y 21 en contra en ambas. Sin embargo, los 29 votos corresponden al mismo partido oficialista Pueblo Soberano.
En el primer caso, la moción de Carlo Díaz lo que hace es exigir la "renuncia inmediata” del fiscal general y si no, pedirle a la Corte Plena que inicie el proceso de destitución, según la moción por tres razones específicas:
- Los “graves cuestionamientos” sobre su liderazgo y la conducción del Ministerio Público,
- Su supuesta negligencia en la persecución del crimen organizado, su “cuestionada actitud complaciente y alcahueta” a favor de los delincuentes.
- El “reprochable e irresponsable show político” durante su visita al CACCO.
Mientras que en el segundo caso, la moción de Angie Cruickshank renunciar “de inmediato” y si no, "que se ordene la apertura del procedimiento de investigación" para decidir si quitarla, según la moción por otras tres razones:
- Lo grave de las denuncias que hizo durante su visita que incluyó: agresión, falta de atención médica y más.
- Señalamientos de amenazas, intimidación y trato irrespetuoso.
- Una supuesta “negligencia” para defender a las víctimas de la criminalidad y a las familias que han perdido a alguien a manos de delincuentes.
Básicamente ambos se resumen en visitar el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado y denunciar los tratos que encontraron en el lugar los cuales no indican culpabilidad pero, según confirmaron, sí dan para iniciar investigaciones.
Además, ambos desacreditan el trabajo de las autoridades ante las víctimas por el trato que tienen hacia las personas privadas de libertad.